El 21 de marzo de 1937 ocurrió uno de los episodios más violentos en la
historia de Puerto Rico. En esta fecha se organizó una marcha en el Pueblo de
Ponce para protestar por el encarcelamiento del líder del Partido Nacionalista
de Puerto Rico. Esta actividad fue publicada dos días antes del evento en el
periódico El mundo, indicando que se estarían reuniendo frente al Comité
Nacionalista de Ponce.
Esta marcha no era patrocinada por el gobierno de la época por lo que movilizó al jefe de la policía, el Coronel Orbeta. Este se reunió con los ayudantes del gobernador Blanton Winship y con el Capitán Felipe Blanco que era el encargado de la zona policiaca de Ponce con el propósito de paralizar dicha marcha. Luego de estas reuniones el Coronel Orbeta vuelve a San Juan para reunirse con el gobernador a discutir esta situación. El gobernador y su ayudante, el Sr. José Ramón Quiñones decidieron ordenar refuerzos al área de Ponce ya que se había determinado que la marcha sería una ilegal por ser de carácter militar.
Los nacionalistas hicieron la petición para hacer la marcha al gobierno a pesar de que las leyes de la Isla permitían celebrar desfiles o actos públicos sin necesidad de pedir permiso. Cuando el alcalde José Tormos Diego regresó a Ponce de unas vacaciones fuera de Puerto Rico, el 20 de marzo, los nacionalistas Plinio Graciany y Lorenzo Piñeiro le visitaron en su casa y el Alcalde les prometió que daría el permiso en la mañana del domingo. En las primeras horas del domingo, mientras llegaban a Ponce los refuerzos policiacos armados con carabinas y ametralladoras, dos nacionalistas se dirigieron a la oficina del Alcalde a buscar el permiso que les fue prometido.
El Coronel Orbeta se reunió con el Alcalde y con el Coronel Blanco para cuestionar sobre el permiso brindado a los nacionalistas para hacer cumplir la marcha, reclamando que la misma sería una marcha militar. Lo que causó que el Alcalde revocara el permiso por el hecho de que el Coronel Orbeta lo responsabilizó de cualquier derrame de sangre que ocurriera en este evento. La revocación del permiso advertía que la policía no iba a permitir ninguna actividad realizada por los nacionalistas. Los nacionalistas fueron advertidos de esta situación pero aun así decidieron seguir con su actividad.
La Policía cubrió la esquina donde estaba ubicada la Junta Nacionalista en la Calle Marina, entre la Calle Aurora y la Calle Jobos. Mientras tanto, los Cadetes de la República y el Cuerpo de Enfermeras se organizaban en tres filas. Los cadetes vestían un uniforme con pantalón blanco, camisa negra, una gorra negra y, en la manga izquierda, una cruz de Calatrava. Al frente de la columna estaba el Capitán de los Cadetes, Tomás López de Victoria. Las jóvenes formaban el Cuerpo de Enfermeras, tenían uniformes blancos y marchaban detrás de los jóvenes. Al final estaba la banda compuesta de cinco o seis músicos.
La banda musical ejecutó La Borinqueña, e
inmediatamente el Capitán del Cuerpo de Cadetes, Tomás López de Victoria, dio
la orden de marchar. En el preciso momento en que se disponían a hacerlo,
el jefe Soldevila levantó una fusta indicándole que no podían marchar a Lopez
de Victoria. El policía Armando Martínez corrió desde la esquina frente a
la Junta Nacionalista hacia la Calle Marina, haciendo un disparo al aire, lo
que desató ráfagas provenientes de armas de distintos calibres. Murieron
en el acto ocho personas, y más tarde otros que sumaron un total de
diecinueve. Los policías Ceferino Loyola y Eusebio Sánchez murieron
víctimas del fuego cruzado de sus compañeros de armas. Murió también la
niña Georgina Maldonado de 13 años, un empleado de una gasolinera cercana, José
Antonio Delgado, miembro de la Guardia Nacional quien pasaba por la escena de
los hechos, y catorce nacionalistas.
Poco antes del tiroteo el Coronel Orbeta y el
Capitán Blanco revisaron el área de la concentración y se marcharon en un auto
de la Policía a pasear por Ponce, regresando al área después de haber terminado
el tiroteo, ordenando el arresto de todos los que se encontraban en los
alrededores.
El 22 de marzo, el Gobernador Winship en unas
declaraciones a la prensa hizo responsable de la tragedia a los
nacionalistas. El Lcdo. Rafael V. Pérez Marchand, fiscal de Distrito,
logró realizar una extensa investigación de los hechos y ordenó el arresto de
cuatro policías, por el delito de asesinato y 23 nacionalistas por
participación en el motín. El gobierno de Winship ejerció presión sobre el
fiscal para que enmendara el informe y Pérez Marchand renunció a su cargo luego
de concluir el Informe de su investigación. Varios ciudadanos de
Ponce solicitaron a la Unión Americana de Libertades Civiles que realizara
una investigación sobre los hechos ocurridos el 21 de marzo. Se constituyó una
Comisión investigadora de las causas de la matanza de Ponce, presidida por el
Lcdo. Arthur Garfield Hays, estadounidense delegado de la Unión Americana de
Libertades Civiles. Dicha comisión realizó una investigación exhaustiva sobre
estos hechos, y en su Informe culpó al gobernador Winship de la matanza, la que
denominó como Masacre de Ponce.
La Comisión determinó que los cadetes no llevaban
armas, que los policías rodearon a los cadetes, encerrándolos por los cuatro
costados, y que no dejaron lugar para que la multitud se protegiera. No obstante, el
gobierno acusó de asesinato a los nacionalistas Luis Castro Quesada, Julio
Pinto Gandía, Lorenzo Piñeiro, (Presidente y Secretario General Interinos del
Partido Nacionalista), Plinio Graciani, Tomás López de Victoria, Casimiro
Berenguer, Martín González Ruíz, Elifaz Escobar, Luis ángel Correa, Santiago González y Orlando Colón
Leyro. En el juicio pautado para febrero de 1938, los nacionalistas fueron
defendidos por los abogados Ernesto Ramos Antonini, Felipe Colón Díaz, Víctor
Gutiérrez Franqui y Miguel Bahamonde. Sirvieron de fiscales los abogados
Francisco García Quiñones y Pedro Rodríguez Serra, presidiendo la sala el juez
Roberto H. Todd, hijo. El jurado no pudo ponerse de acuerdo y absolvieron a
todos los nacionalistas.
Aquí pueden ver un documental que
explica detalladamente todo sobre la Masacre de Ponce.
Podemos concluir que la situación fue una muy negativa para el pueblo de
Ponce y para la isla entera de Puerto Rico ya que fue un evento que marco la
historia de la isla con sangre. Pudimos ver como el gobierno de la época
manejaba los valores y los privilegios a los ciudadanos como le daba la gana.
Si según era un pueblo democrático permitía que las actividades y
manifestaciones se completaran sin tener permiso se cumplieran, ¿porque no se
podía completar una actividad que criticara los actos del gobierno pasivamente?
Entendían que era una amenaza y que el gobierno solamente podía tener
influencia sobre el pueblo. Se abusó de los derechos civiles de las personas
que estaban presentes en esa marcha e incluso le quitaron la vida a personas
frente a sus familiares. No es un evento que refleje lo positivo de nuestra
isla.
Referencias:
Rosado, M. (12 de septiembre de 2014). Masacre de Ponce (1937)
[Mensaje en un blog]. Recuperado de
http://www.enciclopediapr.org/esp/article.cfm?ref=06102005&page=1
Millán, R. (21 de marzo de 2015). Siete décadas no anulan tragedia
[Mensaje en un blog]. Recuperado de
http://www.periodicolaperla.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3762:masacre-de-ponce-tres-cuartos-de-siglo-no-esfuman-la-tragedia&catid=81:locales&Itemid=198
